#EnConcreto
El Perú culmina el año 2023 en medio de una gran crisis de inseguridad ciudadana y recesión económica que afecta, con mayor dureza, a los más necesitados.
Las medidas económicas tomadas por el Gobierno no han sido eficaces y los actores económicos han perdido la fe y confianza.
Aun con el antecedente de más de 60 muertos durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 por la represión, se ha criminalizado aún más la protesta, elevando a 15 años la pena de cárcel para quien proteste y tome las carreteras.
Eso confirma que estamos ante un gobierno autoritario, respaldado por un Congreso irresponsable y organismos donde tienen sus aliados, como el Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, entre otros.
Además, la incapacidad en la gestión de los presupuestos ha generado menos trabajo y mayor desempleo, un factor que estimula el crecimiento de la delincuencia.
Es decir, no hay democracia y hay ineficiencia. El país estaría mejor en piloto automático.
En ese contexto, trabajadores y empresarios impulsamos la Marcha contra la Delincuencia y por la Paz, de donde rescatamos algo positivo: Ha habido la decisión de un sector empresarial y sector de los trabajadores de enfrentar conjuntamente el problema de la inseguridad ciudadana. Es el primer paso; buscaremos otros puntos más que nos hagan coincidir.
Estoy convencido de que el Perú necesita hacer reformas políticas y una nueva clase política, pero eso no surgirá de la política tradicional, sino de la base social. Debemos hacer política y una manera es encontrar consensos entre las fuerzas productivas del país.
Trabajadores y empresarios hemos comenzado a tratar el tema de la inseguridad ciudadana, podremos continuar encontrando consensos en otros aspectos que nos atañen a todos, y plantear propuestas conjuntas para enfrentar los problemas del país, en aras de una verdadera gobernabilidad participativa.
Por: Luis Villanueva Carbajal
Secretario general de la FTCCP
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