Los trabajadores organizados en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción Sutimac denuncia ante la comunidad nacional e internacional que desde el 28 de abril de 2021 haciendo uso del derecho fundamental a la protesta social fue convocado por las centrales obreras y los distintos sectores de la sociedad el Paro Nacional por la vida, la paz , la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque a través del Comité Nacional de Paro que tiene presencia en todo el país a nivel departamental y municipal, del cual hacemos parte como sindicato afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores Cut. De la misma manera se da un estallido social con movilizaciones populares de jóvenes en sus territorialidades y la participación de la minga indígena como expresión de apoyo y solidaridad.
Los antecedentes del Estallido Social se remontan hace más de treinta años con la aplicación del Modelo Neoliberal que con la aparición de la nueva pandemia Covid19 profundiza la crisis llevando a la población a niveles de pobreza por encima del 44% y de pobreza extrema al 16% de la población colombiana, el desempleo alcanza cifras del 16% y lleva a la ruina a las micro, pequeña y mediana empresas que son las que emplean el 80% de la mano de obra, el asesinato de los líderes sociales, la no implementación de los acuerdos de paz, las contrarreformas tributaria, a la salud, a las pensiones y la laboral nos obliga a tomarnos las calles en intensas jornadas de protestas, concentraciones, actos culturales y pedagogía permanente para hacer visibles los objetivos del paro.
En un esfuerzo por ilegalizar la protesta social el gobierno colombiano ha combinado distintas formas de lucha para hacerlo posible, entre ellas, la asistencia militar con la introducción de vándalos o policías vestidos de civil para que generen daños, caos y disparen en contra de los manifestantes, la fuerza desproporcionada del escuadrón móvil antidisturbios, Esmad, en contra de manifestantes inermes, la protección que brinda la fuerza pública a bandas de paramilitares conformados por los “ricos” de la ciudad de Cali para asesinar a los que hacemos uso del derecho a la protesta social y la persecución, violación sexual y las desapariciones de jóvenes con suficientes razones para mantenerse en las concentraciones que son connatural al paro nacional. Lo que demuestra una represiva respuesta a las movilizaciones, donde la injusticia social sigue siendo el detonante de la explosión social que vive nuestro país.
Llevamos 33 días de paro y es preciso denunciar y condenar los actos del presidente de la república, Iván Duque Márquez y los empresarios aglutinados en el consejo gremial nacional, ante la comunidad nacional e internacional por la violación de los derechos humanos de los manifestantes en los siguientes aspectos:
1. En mayo del presente año el Consejo Gremial Nacional envía una carta al secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, María Claudia Pulido, dejando posición del sector empresarial colombiano frente a la situación de la nación con respecto al Paro Nacional y las concentraciones que se han presentado en distintas zonas del país, donde no hacen referencia a la apertura de una mesa de diálogo con todos los actores sociales que se manifiestan en las calles, por el contrario en el numeral 5 manifiestan: “Como representantes del sector empresarial, confiamos en la capacidad que tiene el Estado para que, dentro del marco de la Constitución y la Ley, se cumpla con el mandato de restablecer el orden público. Manifestamos nuestro apoyo al Presidente de la República, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares para que garanticen la protección de los derechos de todos los colombianos, retornando la tranquilidad en todo el territorio nacional”, lo que se traduciría después en el tratamiento de guerra a la protesta social por parte del gobierno y la violación de los derechos humanos de los manifestantes.
2. El presidente Iván Duque sin ninguna prueba pretende deslegitimar la protesta social con manifestaciones de que esta infiltrada por la insurgencia y financiada por el narcotráfico, buscando con ello continuar dándole tratamiento de guerra a la protesta.
3. La aplicación del Terrorismo de estado que ha sido la constante histórica de la burguesía asesina de este país y que mantiene bañada en sangre las calles de distintas regiones de Colombia a donde llega con un despliegue de fuerzas aerotransportadas, Esmad, policías de civil, militares, tanquetas, ayudas tecnológicas y armas de largo alcance como para una guerra, situación nunca antes vista en el continente para contrarrestar el derecho fundamental a la protesta social de ciudadanos inermes y pacíficos que solo tenemos la fuerza de la palabra, dejando miles de detenidos, cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y más de 70 personas asesinadas, 14 de ellas en la noche del 28 de mayo en la ciudad de Cali, por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a efectivos de policía, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático. Igualmente, el Presidente de la República y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el ESMAD, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta.
4. El intento por acordar las garantías que permitan el derecho fundamental a la protesta social y que nos conduzcan a una mesa de negociación fue tirado por la borda por el gobierno nacional al imponer el viernes 28 de mayo la asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes imponiendo una conmoción interior parcial que violenta la constitución política e involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina a las autoridades civiles a los mandos militares, configurando un golpe de estado.
5. Los manifestantes continuaremos en paro y manifestamos nuestra voluntad política para escuchar y ser escuchados en un proceso de negociación, pero ante todo que se desmilitarice las ciudades y los campos y se respete la vida de quienes permanecemos en las calles.
6. Solicitamos el acompañamiento del CIDH en terreno para que constate la violación de los derechos humanos y agradecemos el interés de la ONU frente a la necesidad de fortalecer el dialogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos, lo que coincide con la declaración de los 17 embajadores de la Unión Europea respaldando el dialogo y la negociación.
7. Ante tal situación acudimos a la comunidad internacional para que intervenga frente a los despidos y suspensión de los contratos de trabajo que vienen llevando a cabo las grandes empresas en Colombia que empeora la situación socioeconómica de los trabajadores, que por el contrario se garanticen los puestos de trabajo y los diálogos como alternativa para la resolución del conflicto social.
02 Junyo 2021
Firman los representantes de junta nacional de Sutimac:
MANUEL FERNANDEZ LEGUIA
Presidente Nacional
EDDIE LENIS MARTINEZ
Fiscal Nacional
JOSE EUGENIO HERNANDEZ
Vicepresidente Nacional
WALTER ECHAVARRÍA AGUIRRE
Secretario General Nacional
MIGUEL SIERRA SANDOVAL
Tesorero Nacional
